La especialista en farmacovigilancia sostiene que una política de medicamentos debe medir seguridad, continuidad terapéutica y resultados clínicos, no solo el precio de la caja.
Santo Domingo, República Dominicana. La doctora Karen Tamariz, especialista en farmacovigilancia, farmacoepidemiología y seguridad del paciente, afirmó que una reforma al modelo de prescripción y dispensación de medicamentos no puede evaluarse únicamente por su promesa de reducir precios, sino por su impacto real en la salud de los pacientes y en la sostenibilidad real del sistema mediante una gestión de riesgo oportuna y pertinente.
Tamariz sostuvo que, en materia farmacoterapéutica, el precio de adquisición de un medicamento no siempre refleja el costo sanitario total. A su juicio, un producto más barato puede terminar siendo más costoso si genera fallos terapéuticos, eventos adversos, pérdida de adherencia, descompensación de enfermedades crónicas, consultas adicionales, hospitalizaciones o aumento del gasto de bolsillo para las familias.
“Una cosa es reducir el precio de una tableta y otra muy distinta es reducir el costo sanitario de una enfermedad. Si el cambio de medicamento descompensa al paciente, el sistema no ahorra: traslada o multiplica el costo”, expresó.
La especialista indicó que la propuesta de modificar el modelo de prescripción y dispensación de medicamentos en el Sistema Dominicano de Seguridad Social debe ser analizada más allá de la narrativa de eficiencia. Reconoció que el sistema necesita mejorar acceso, racionalizar gastos y promover medicamentos genéricos de calidad, pero advirtió que esos objetivos no pueden lograrse debilitando garantías técnicas esenciales como parte estructural de una atención de calidad.
“El sistema tiene que ahorrar, pero debe ahorrar bien. Ahorrar bien significa que el paciente se mantenga controlado, que no abandone su tratamiento, que no tenga reacciones adversas evitables y que no termine pagando de su bolsillo lo que el sistema dejó de cubrir correctamente”, señaló Tamariz.
Según su planteamiento, una política pública de medicamentos debe considerar no solo el precio unitario, sino la seguridad del paciente, la continuidad terapéutica, la evidencia de bioequivalencia, la trazabilidad de los productos, la capacidad de las farmacias para realizar una verdadera dispensación profesional y la fortaleza del sistema nacional de farmacovigilancia.
Tamariz explicó que la farmacovigilancia es el sistema que permite detectar, reportar, analizar y corregir problemas asociados al uso de medicamentos después de que estos llegan a la población. En ese sentido, advirtió que una política que promueva sustituciones masivas requiere también una capacidad masiva de vigilancia.
“No se puede cambiar el modelo de medicamentos como si el sistema tuviera todos los radares encendidos, cuando muchos de esos radares todavía están en proceso de consolidación. Si se sustituyen medicamentos en grandes volúmenes, el país debe poder detectar rápidamente fallos terapéuticos, reacciones adversas, abandono de tratamientos o confusión en los pacientes”, afirmó.
Dispensar no es despachar
La experta también llamó la atención sobre la diferencia entre dispensar y simplemente despachar un medicamento. Explicó que dispensar implica validar que el producto entregado corresponda a la condición clínica, dosis, concentración, patología, perfil del paciente e historia farmacoterapéutica. Esa tarea, dijo, requiere profesionales capacitados, protocolos, acceso a información y responsabilidad claramente definida.
“En países donde el farmacéutico puede sustituir medicamentos, ese farmacéutico no está simplemente vendiendo. Está integrado al sistema, tiene formación, protocolos, trazabilidad y acceso a información clínica relevante. No podemos copiar la consecuencia sin construir la base que la hace segura, aplicable y sostenible”, apuntó.
Tamariz insistió en que el debate no debe presentarse como una oposición a los medicamentos genéricos. Por el contrario, defendió el uso de genéricos de calidad demostrada, así como la necesidad de que el país avance hacia mayor acceso y racionalidad en el uso de medicamentos. Sin embargo, consideró que cualquier cambio debe aplicarse de forma gradual, con reglas claras y con mecanismos de excepción para proteger a pacientes que ya están estabilizados con determinados tratamientos.
“Precisamente los pacientes más vulnerables son quienes más necesitan garantías. Un paciente con recursos puede buscar otra opción si el cambio no le funciona. Un paciente de menores ingresos queda más expuesto a lo que el sistema decida por él. Por eso, acceso y calidad no pueden separarse”, sostuvo.
La especialista propuso que República Dominicana adopte una ruta técnica de implementación basada en tres prioridades: fortalecer la autoridad reguladora y las buenas prácticas de manufactura; implementar la bioequivalencia de manera escalonada, iniciando por medicamentos de mayor riesgo clínico; y permitir la prescripción por DCI con opción de marca y reglas de “no sustituir” cuando exista justificación médica.
“La reforma correcta no es la que parece barata en el papel, sino la que protege al paciente en la vida real. La salud no puede organizarse únicamente por precio. Tiene que organizarse por seguridad, eficacia, continuidad y confianza”, concluyó Tamariz.
