La institución pidió al Tribunal Superior Administrativo que cualquier sanción por incumplimiento se destine al financiamiento de la atención médica de los afiliados del Seguro Familiar de Salud, y no a favor de la DIDA.
Santo Domingo.-La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) solicitó al Tribunal Superior Administrativo (TSA) imponer una astreinte de RD$5 millones diarios a las partes que incumplan una eventual sentencia que ordene mantener la prestación de servicios de salud a los afiliados de Primera ARS y Futuro ARS.
La entidad precisó que la sanción económica no debe beneficiar a la DIDA, sino ser depositada en la Cuenta Cuidado de la Salud de las Personas del Seguro Familiar de Salud, administrada por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), con el objetivo de fortalecer el financiamiento de las prestaciones médicas para los afiliados.
DIDA busca evitar interrupciones en los servicios de salud
La solicitud forma parte de la acción de amparo colectivo, acompañada de una medida precautoria, presentada este jueves ante el TSA para impedir que se suspenda la atención médica de los afiliados de Primera ARS y Futuro ARS o, si la suspensión ya se materializó, ordenar el restablecimiento inmediato de los servicios.
La acción judicial surge luego de que la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP) anunciara que, a partir del 14 de julio, dejará de ofrecer consultas, procedimientos programados y otros servicios a los afiliados de ambas administradoras, debido a diferencias sobre las tarifas que estas pagan a los centros de salud privados.
Según la DIDA, la medida pone en riesgo los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social de aproximadamente 1.4 millones de afiliados, quienes no forman parte del conflicto entre las clínicas privadas y las aseguradoras.
Tratamientos esenciales podrían verse afectados
La institución advirtió que excluir únicamente las emergencias y las unidades de cuidados intensivos no elimina el impacto de la suspensión.
Entre los servicios considerados “programados” figuran tratamientos oncológicos, sesiones de diálisis, consultas de seguimiento y atención de enfermedades crónicas y de alto costo, cuya interrupción podría ocasionar daños irreversibles para los pacientes.
La DIDA recordó que el artículo 61 de la Constitución garantiza el derecho a recibir una atención de salud oportuna y que la Ley 137-11 contempla el amparo como el mecanismo idóneo para proteger los derechos fundamentales frente a amenazas inminentes.
Asimismo, señaló que el artículo 4 de la Ley 87-01 faculta a la institución para representar judicialmente a los afiliados y presentar acciones legales en defensa de sus derechos, mientras que el artículo 213, incorporado mediante la Ley 13-20, establece que los conflictos en materia de seguridad social corresponden a la jurisdicción administrativa.
Llamado al diálogo y asistencia a los afiliados
La DIDA reiteró su llamado a ANDECLIP, Primera ARS y Futuro ARS para retomar las negociaciones dentro de los organismos competentes del Sistema Dominicano de Seguridad Social, especialmente el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).
La entidad reconoció que las clínicas tienen derecho a plantear sus reclamos tarifarios, pero insistió en que las diferencias entre prestadores y aseguradoras no deben afectar el acceso a los servicios de salud de los afiliados.
Finalmente, exhortó a los usuarios que enfrenten una negativa de atención a comunicarse de inmediato con su Call Center, disponible las 24 horas, a través del 809-472-1900, donde recibirán orientación, asistencia y acompañamiento.
