SANTO DOMINGO.— En un contexto de expansión acelerada del negocio de farmacias en la República Dominicana, donde al cierre de 2025 había cerca de 4,900 establecimientos formalmente habilitados, los licenciados en Farmacia denuncian una creciente precarización de las condiciones laborales que amenaza la protección sanitaria de la población y el ejercicio profesional digno de su título.
La raíz de esta problemática, según farmacéuticos entrevistados, radica en la práctica generalizada de comprar executáuturs —el aval legal de un director técnico farmacéutico— por montos excepcionalmente bajos, cercanos a RD$5,000 mensuales, que en casos aislados apenas alcanzan RD$7,000. Estas remuneraciones son consideradas “denigrantes” por profesionales del sector, puesto que no cubren ni los costos básicos de movilización ni recompensan la responsabilidad sanitaria que implica el cargo, reporta Diario Libre.
y Yagreysy Pérez (Der.), presidenta de la Asociación Farmacéutica Dominicana (AFD). (Fotos: AFD).
Licenciados consultados, entre ellos la bioquímica Ana Martínez y la presidenta de la Asociación Farmacéutica Dominicana (AFD), Yagreysy Pérez, enfatizan que el rol del farmacéutico va mucho más allá de “prestar” un título: incluye verificar la identidad, pureza y calidad de productos farmacéuticos, supervisar su comercialización y garantizar que los medicamentos dispensados cumplan con los requisitos legales y sanitarios vigentes.
Sin embargo, la práctica extendida de ceder executáuturs a múltiples establecimientos —a pesar de que la normativa limita a tres el número de farmacias con medicamentos controlados bajo una misma licencia— ha distorsionado ese rol fundamental.
RD$5,000
Pesos el monto que se paga por un execuátur al mes. En el mejor de los casos, lo llevan a RD$7,000, según la ADF.
Este modelo de operación no solo vulnera la función técnica profesional, sino que, según las denuncias, reduce el interés de nuevas generaciones por la carrera de Farmacia, cuyas matrículas y tasas de egresados han caído significativamente en los últimos años. La AFD estima que actualmente hay entre 3,000 y 4,000 farmacéuticos titulados en el país, una cifra que contrasta con la proliferación de establecimientos que operan sin la supervisión constante de estos profesionales.
Además, el salario de supervisores en el sector público —como en Promese/CAL— no supera RD$36,000 mensuales, y en muchos casos los profesionales deben utilizar sus propios vehículos para cumplir con sus funciones, lo que agrava la percepción de precariedad y falta de reconocimiento profesional.
Frente a esta situación, dirigentes farmacéuticos abogan por la creación de un colegio profesional que regule honorarios y condiciones de trabajo mediante una ley específica, con el objetivo de reivindicar la importancia del farmacéutico en la cadena de salud pública y privada del país.
La tensión entre el auge comercial de las farmacias y las condiciones laborales de los farmacéuticos plantea preguntas críticas sobre la calidad de la atención farmacéutica, la seguridad del paciente y la sostenibilidad de la profesión en un mercado cada vez más orientado al crecimiento del negocio por encima de los estándares técnicos sanitarios.
Unas 978 sanciones en cinco años
Las farmacias también se rigen por el Decreto 246-06 y por las «Normas particulares de habilitación para los establecimientos farmacéuticos», elaboradas en 2012 por la Dirección de Drogas y Farmacia de Salud Pública, hoy llamada Digemaps. Entre sus disposiciones figura distancia mínima de 500 metros entre farmacias.
Las normas también exigen locales con extensión adecuada, techos con altura suficiente para evitar el calentamiento de los medicamentos, cielo raso, además de una salida de emergencia debidamente señalizada. Pese a estos requerimientos, la Digemaps sancionó a 978 farmacias por incumplimiento desde 2020 hasta el 20 de noviembre de 2025. En ese mismo período, realizó 4,492 monitoreos.
Las amonestaciones respondieron a distintas faltas, como operar de manera ilegal, certificados vencidos, venta de medicamentos sin registro y vender productos mutilados, entre otros.
Como resultado de las infracciones, las autoridades dispusieron el cese de operaciones, cierres temporales, decomiso. En algunos casos, hubo apresamientos. Sobre el régimen sancionador, el director de la entidad explica que, con miras a garantizar la calidad del servicio, la Digemaps ejecuta un plan de monitoreo basado en riesgos, sustentado en buenas prácticas de dispensación, evaluaciones de oficio y atención a denuncias de usuarios a través de los canales institucionales.
