ARAPF e INFADOMI piden al SNS revisar la disposición que establece que los hospitales públicos adquieran el 80 % de medicamentos e insumos mediante PROMESE/CAL y LABOQUIDOM.
Santo Domingo, República Dominicana. — La concentración de las compras de medicamentos e insumos en los hospitales públicos genera preocupación en el sector farmacéutico, que advierte sobre posibles riesgos para el abastecimiento oportuno, la capacidad de respuesta ante situaciones urgentes y la competencia en el mercado nacional.
La Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF) y la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (INFADOMI) expresaron este lunes su preocupación ante la disposición del Servicio Nacional de Salud (SNS) que establece que los hospitales públicos deben adquirir el 80 % de sus medicamentos e insumos a través del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL) y el Laboratorio Químico Dominicano (LABOQUIDOM).
Las organizaciones aseguran que previamente remitieron una comunicación formal al Servicio Nacional de Salud (SNS) con sus observaciones y una propuesta para abrir un diálogo técnico, pero indican que hasta el momento no han recibido respuesta.
Eficiencia en las compras versus capacidad de respuesta
Las asociaciones reconocen que el Estado busque reducir costos y mejorar la eficiencia de las compras públicas de medicamentos.
Sin embargo, consideran que la aplicación de la medida en su forma actual podría limitar la capacidad de los hospitales para responder cuando se presenten faltantes de medicamentos, retrasos en las entregas o necesidades urgentes de productos específicos.
El planteamiento central del sector es que la eficiencia en el precio de adquisición debe estar acompañada de mecanismos que garanticen la continuidad del suministro.
“Nosotros no estamos en contra de que el Estado dominicano centralice sus compras para conseguir mejores precios. Eso es legítimo y hasta deseable”, afirmó José Ricardo Leroux, presidente de ARAPF.
El ejecutivo sostuvo que la preocupación surge cuando la centralización se aplica de manera rígida y limita las alternativas de los hospitales ante eventuales problemas de suministro.
“En salud, el precio más bajo no sirve de nada si el medicamento no llega a tiempo al paciente que lo necesita”, señaló Leroux.
ARAPF plantea que el SNS establezca excepciones claras que permitan a los hospitales acudir a otros proveedores cuando las circunstancias lo requieran.
LABOQUIDOM y el reclamo de igualdad de condiciones
Otro de los puntos de controversia es el papel de LABOQUIDOM, empresa fabricante y comercializadora de medicamentos en cuyo capital el Estado dominicano mantiene participación mayoritaria.
De acuerdo con las asociaciones, LABOQUIDOM participa en el mismo mercado que otros laboratorios y representantes farmacéuticos, pero la disposición del SNS le asignaría una parte de la demanda pública a través del esquema establecido.
Mientras PROMESE/CAL realiza procesos de adquisición mediante licitaciones abiertas a los distintos oferentes, las organizaciones cuestionan que LABOQUIDOM sea incorporado como uno de los canales obligatorios de compra.
Para el sector farmacéutico, el punto central es que todos los proveedores que participan en el mercado público tengan reglas y condiciones de competencia equivalentes.
Industria nacional teme impacto en empleo y producción
INFADOMI también advierte que la concentración obligatoria de las compras podría reducir la participación de los fabricantes farmacéuticos nacionales en las adquisiciones del Estado.
La asociación considera que una menor participación de la industria local podría tener repercusiones sobre el empleo formal, la recaudación fiscal y la capacidad instalada de producción de medicamentos en República Dominicana.
Patricia Mena Sturla, presidenta ejecutiva de INFADOMI, sostuvo que el reclamo no está dirigido contra la competencia que pueda existir dentro de PROMESE/CAL, sino contra la eliminación de una vía de comercialización que, según explica, actualmente permite a los laboratorios vender directamente a los hospitales públicos.
“LABOQUIDOM es un fabricante que compite con nuestras empresas en el mismo mercado, pero con esta disposición tiene asegurada una porción de la demanda pública de medicamentos sin competir por ella”, expresó Mena Sturla.
La ejecutiva planteó que LABOQUIDOM participe en igualdad de condiciones, con las mismas reglas y requisitos aplicables al resto de los proveedores.
Las excepciones que reclama el sector
ARAPF e INFADOMI no plantean oponerse a la centralización de las compras públicas como mecanismo para obtener mejores condiciones económicas.
Su propuesta apunta a que el modelo incorpore mecanismos de contingencia y excepciones para evitar que un hospital quede limitado cuando un medicamento no esté disponible, exista un retraso en la entrega o aparezca una necesidad que requiera una respuesta inmediata.
El debate coloca sobre la mesa dos objetivos que deberán coexistir en la gestión pública de medicamentos: eficiencia en el gasto y seguridad del abastecimiento.
Para las asociaciones, el desafío es diseñar un modelo de compras que permita al Estado obtener mejores precios sin comprometer la capacidad de los hospitales de garantizar oportunamente los medicamentos que necesitan sus pacientes.
