El nuevo órgano asesorará al Consejo Nacional de Salud y tendrá facultades de monitoreo financiero, evaluación de contratos y rendición periódica de cuentas.
Entre los miembros de dicha comisión se encuentra en Dr. Pedro Ramírez Slaibe, columnista de SaludNews.
Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader dispuso la creación de una comisión técnica especial para asesorar al Consejo Nacional del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), con el objetivo de fortalecer los mecanismos de supervisión, control, eficiencia operativa y administración del riesgo de la aseguradora pública.
La medida forma parte de un paquete de reformas inmediatas impulsadas por el Poder Ejecutivo, mientras avanza una propuesta de modificación integral de la Ley 87-01, que rige el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y busca dotar a SeNaSa de mayores herramientas normativas para garantizar una gestión más transparente y efectiva.
La comisión estará integrada por cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo y será coordinada por el doctor Arismendi Díaz Santana, junto a Pedro Ramírez Slaibe, Federico Lalane José, el magistrado Alexis Read (una vez concluya sus funciones en la Suprema Corte de Justicia) y Nora Elizabeth Sánchez Padilla, excoordinadora de Participación Ciudadana.
Un órgano técnico permanente de supervisión
Según lo instruido por el presidente Abinader, esta comisión tendrá la función de asistir y asesorar al Consejo Nacional de SeNaSa, siendo responsable de monitorear, evaluar y emitir reportes periódicos sobre la situación operativa, administrativa y financiera del seguro estatal.
El diseño responde a la necesidad de contar con un equipo técnico permanente, que complemente las labores del Consejo Nacional, integrado mayormente por funcionarios y representantes con múltiples responsabilidades, y que permita una vigilancia continua de los aspectos más sensibles de la gestión institucional.
Control previo de contratos y alto impacto financiero
Entre las atribuciones clave de la comisión se incluye la facultad de conocer y otorgar “no objeción” a las iniciativas de contratación que superen los RD$5 millones mensuales, tanto en el ámbito administrativo como en la provisión de servicios de salud, siempre que dichas operaciones tengan impacto financiero en SeNaSa. Este umbral será indexado anualmente según la inflación, conforme a los datos del Banco Central.
Monitoreo financiero y rendición de cuentas
La comisión técnica también deberá recabar información, analizar, vigilar e informar periódicamente al Consejo Nacional, mediante reportes escritos, sobre aspectos estratégicos como:
• Las transacciones y operaciones financieras de SeNaSa.
• Las contrataciones de servicios propuestas o ejecutadas por la Dirección Ejecutiva.
• Las autorizaciones otorgadas en los regímenes contributivo y subsidiado.
• Las reclamaciones en segunda instancia presentadas por los afiliados.
• Las modalidades de contratación y mecanismos de pago de los servicios de salud.
• El cumplimiento de compromisos financieros, incluyendo autorizaciones médicas y reembolsos.
• La disponibilidad bancaria, saldos, inversiones y cancelaciones de inversiones.
• El registro de contratos administrativos en el sistema de la Contraloría General de la República.
Más transparencia y fortalecimiento institucional
La instrucción presidencial también contempla una mayor regularidad en las reuniones del Consejo Nacional de SeNaSa, la publicidad de sus actas, resoluciones y certificaciones, y la incorporación expresa en el reglamento del cumplimiento estricto de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
Asimismo, el presidente Abinader ordenó al ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de SeNaSa, a convocar a dicho órgano en un plazo no mayor de 90 días, para presentar una propuesta de reforma integral del reglamento interno, orientada a fortalecer las atribuciones, la organización, el régimen de responsabilidades y los procesos de toma de decisiones.
Con esta comisión técnica, el Gobierno busca cerrar brechas de control, reforzar la rendición de cuentas y garantizar la sostenibilidad financiera del Seguro Nacional de Salud, en un contexto de creciente demanda de servicios y mayor escrutinio público sobre la gestión de los recursos del sistema de seguridad social.
