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Estudio revela irregularidades en el cálculo y distribución de pensiones en el sector público

El 77.04 % de las pensiones civiles son iguales o inferiores a RD$27,828.58, ubicándose por debajo del Quintil 1 de ingresos, considerado un umbral de extrema pobreza con relación al costo de la canasta familiar.
Dirección de Jubilaciones y Pensiones. Edificio principal. (Foto de archivo).

La DGJP ha estado calculando el límite máximo de pensión en base al sueldo mínimo del sector público (RD$10,000.00), vigente desde 2019, en lugar de hacerlo en función del mínimo nacional (RD$19,352.50), revela el estudio.

Santo Domingo, República Dominicana. – Un análisis de 122,190 pensiones otorgadas por el Poder Ejecutivo ha revelado serias irregularidades en la aplicación del límite máximo de pensión y en la distribución de los montos concedidos a los pensionados, con una afectación significativa en quienes reciben prestaciones inferiores a RD$80,000.00.

El hallazgo, presentado por el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (Mopesep), expone que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) ha estado calculando el límite máximo de pensión con base en el sueldo mínimo del sector público (RD$10,000.00), vigente desde 2019, en lugar de hacerlo en función del sueldo mínimo nacional (RD$19,352.50). Esta práctica ha generado una reducción considerable en el monto de muchas pensiones, afectando la calidad de vida de los beneficiarios.

Según el coordinador general de Mopesep, Luis Holguín-Veras Martínez, “si se aplicara el cálculo conforme a lo establecido en las leyes 379-81 y 87-01, el límite máximo de pensión debería ser de RD$154,820.00, y no de RD$80,000.00 como se aplica actualmente”.

Desigualdad en la distribución de pensiones

El estudio también revela una marcada desigualdad en la asignación de los montos de pensión. El 82.10 % de los pensionados recibe apenas el 50.01 % del total de fondos, mientras que el 17.90 % restante acapara el 49.99 % de los recursos destinados a jubilaciones.

Además, el 77.04 % de las pensiones civiles son iguales o inferiores a RD$27,828.58, ubicándose por debajo del Quintil 1 de ingresos, considerado un umbral de extrema pobreza con relación al costo de la canasta familiar.

Otros datos clave del informe:

• 96.67 % de las pensiones civiles son menores a RD$80,000.00.

• Solo el 0.38 % de los pensionados recibe más de RD$80,000.00 al mes.

• Mientras en el sector privado se han realizado cinco aumentos de sueldo mínimo entre 2019 y 2024, en el sector público no ha habido ninguno en el mismo período.

Impacto fiscal y social de corregir el cálculo

El informe del Mopesep sostiene que corregir el cálculo del límite máximo de pensión tendría un impacto fiscal mínimo y manejable. De aplicarse correctamente la normativa, el monto mensual total de las pensiones civiles aumentaría solo un 3.32 %, y el incremento anual en el presupuesto global de pensiones sería de apenas un 0.44 % del total de todos los tipos de pensiones.

Desde una perspectiva social, ajustar el cálculo conforme a la ley permitiría:

• Mejorar la calidad de vida de los pensionados.

• Reducir las desigualdades en el sistema de pensiones.

• Fortalecer la confianza en el régimen de jubilaciones.

• Incentivar a los servidores públicos a pensionarse en condiciones dignas.

• Impulsar la economía local al aumentar la capacidad de consumo de los jubilados.

Lo que dice la ley sobre el límite máximo de pensión

El estudio cita el párrafo único del artículo 2 y el párrafo I del artículo 4 de la Ley 379-81, que establece que el monto de una pensión no debe ser menor al sueldo mínimo nacional vigente ni mayor a la suma de ocho de estos sueldos.

Holguín-Veras enfatiza que, “respetar esta disposición legal garantizaría que las pensiones sean justas y proporcionales, evitando la precarización de miles de jubilados que han dedicado su vida al servicio público”.

El Mopesep hace un llamado a las autoridades para corregir esta distorsión en el cálculo de las pensiones y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, a fin de asegurar un retiro digno para los servidores públicos del país.

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