Tras la coerción a los 26 imputados del caso SeNaSa 2.0, el Ministerio Público exhortó a los médicos a proteger sus códigos profesionales para evitar verse involucrados en procesos penales.
SANTO DOMINGO.– El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, lanzó una advertencia a los médicos tras concluir la audiencia de medidas de coerción contra los 26 imputados del caso SeNaSa 2.0: no prestar sus códigos profesionales, al considerar que esta práctica puede exponerlos a un proceso penal.
Camacho sostuvo que 22 médicos procesados en el expediente habrían facilitado sus códigos y afirmó que, de acuerdo con su planteamiento, si estos no los hubieran prestado, la investigación no habría alcanzado las mismas características.
Camacho: “Prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal”
Al salir de la audiencia, Camacho señaló que una de las principales lecciones que deja el caso SeNaSa 2.0 es la necesidad de que los médicos mantengan bajo su control sus códigos de acceso y credenciales profesionales.
“Prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal”, afirmó Camacho.
El funcionario planteó además que esta experiencia debería servir de base para impulsar una campaña dirigida a los médicos sobre los riesgos de facilitar sus códigos a terceros.
Por qué los códigos médicos están en el centro del caso?
La advertencia surge en un expediente en el que el Ministerio Público investiga un presunto esquema de fraude y corrupción relacionado con SeNaSa, incluyendo operaciones vinculadas con la facturación de servicios de salud.
Según las informaciones difundidas sobre la investigación, los fiscales sostienen que se habrían utilizado códigos de médicos para sustentar reclamaciones y procedimientos que son objeto de investigación. Estas son alegaciones del órgano acusador que deberán ser establecidas dentro del proceso judicial.
Para los profesionales sanitarios, el caso coloca nuevamente bajo atención un aspecto sensible de la práctica médica: la custodia de credenciales, códigos de prestador y mecanismos de acceso utilizados para gestionar servicios de salud.
El caso SeNaSa 2.0 continúa
La advertencia de Camacho se produjo después de que el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictara medidas de coerción contra los 26 imputados.
Ocho personas recibieron 18 meses de prisión preventiva, mientras otras fueron sometidas a arresto domiciliario, garantías económicas, impedimento de salida y presentación periódica.
La revisión obligatoria de las medidas de coerción fue fijada para el 22 de diciembre de 2026.
El Ministerio Público dice que la investigación seguirá
Camacho también aseguró que la investigación sobre las presuntas irregularidades en SeNaSa no concluye con esta fase judicial.
“La investigación sobre lo sucedido en SeNaSa no se cierra, no concluye con esta investigación y vamos a ir por más”, declaró el funcionario.
El proceso se encuentra ahora bajo control del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
Es importante precisar que las medidas de coerción son decisiones cautelares y no constituyen una sentencia definitiva sobre la culpabilidad de los imputados.
