Por Rafael Montero
Profesor de la Escuela de Salud Pública, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
El desplome del techo de la discoteca Jet Set, que hasta la fecha ha cobrado la vida de 221 personas y ha dejado cientos de heridos, se ha convertido en una de las mayores tragedias urbanas recientes en la República Dominicana. Otro abril marcado por el dolor en nuestra historia nacional, como los que nos recuerdan la muerte de Sagrario Díaz, el inicio de la Revolución del 65 o la poblada de 1984.
Esta catástrofe no puede ser reducida a un hecho fortuito ni asumida como un “accidente más”. Requiere una investigación técnica rigurosa, la identificación de causas y responsables, y la formulación de acciones correctivas inmediatas que trasciendan la indignación momentánea.
Desde la perspectiva de la salud pública —aunque no seamos expertos estructurales— resulta inaceptable que una estructura con licencia de funcionamiento colapse de manera tan abrupta. Se hace impostergable una evaluación por parte de expertos independientes que determine si este evento fue producto de fallas en la construcción, negligencia en el mantenimiento, modificaciones estructurales no autorizadas o debilidades en la supervisión estatal.
La verdad técnica debe ser el primer paso hacia la justicia.
Renunciar a ella sería un acto de irresponsabilidad colectiva. Necesitamos saber con objetividad lo que ocurrió, sin manipulación política ni juicios pasionales. La salud colectiva del país lo exige.
Asimismo, es vital que los responsables sean identificados con claridad y sin eufemismos. La rendición de cuentas no puede limitarse a los propietarios o administradores del local. Las instituciones encargadas de aprobar, supervisar y controlar deben también responder. Si el Estado no garantiza que sus mecanismos regulatorios funcionen, estaremos frente a una segunda tragedia: la impunidad institucional.
Esta experiencia debe marcar un punto de inflexión. Es necesario revisar el marco normativo de las edificaciones destinadas al entretenimiento masivo y establecer un sistema de fiscalización real, basado en inspecciones técnicas periódicas y libres de interferencias políticas o comerciales. La coordinación entre el Ministerio de Obras Públicas, Salud Pública, Interior y Policía, y los gobiernos locales debe fortalecerse con claridad de roles y responsabilidades.
Además, debemos incorporar tecnologías de control de aforo, exigir simulacros obligatorios, entrenar a los equipos de seguridad privada y emergencia en protocolos de evacuación, y fomentar una cultura de prevención. La salud pública no se limita a curar; también significa evitar que sucedan tragedias.
¿Y ahora qué?
No basta con lamentarnos. El país necesita más que promesas de que “no volverá a pasar”. Las víctimas tienen derecho a respuestas claras, a reparación digna y a garantías reales de no repetición.
En ese mismo sentido, las universidades que forman profesionales de la salud deben asumir un rol proactivo en la construcción de una cultura de respuesta inmediata. Urge capacitar a la población en primeros auxilios, atención en crisis y gestión de emergencias. La improvisación en las primeras horas de la tragedia evidenció una brecha crítica en este aspecto.
En memoria de las 221 personas fallecidas, propongo convertir el lugar del desastre en un espacio de memoria: el Memorial Jet Set. Un sitio de recordación permanente para honrar a quienes perdieron la vida y a quienes, durante más de 72 horas, arriesgaron todo para salvar a otros.
La vida de cada dominicano no puede seguir dependiendo del azar o de la negligencia institucional. El verdadero homenaje será evitar que la historia se repita.
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