La rabia es un puño cerrado en el estómago. La frustración, un nudo que aprieta la garganta. La tristeza, una gota amarga que cae por cada millón de pesos robado.
Como profesional de la salud, testigo directo de las luchas libradas por el Colegio Médico Dominicano durante la discusión de la Ley que dio origen a este instrumento de aseguramiento público, y como exdirectivo del Seguro Nacional de Salud (SENASA) durante casi tres años —en uno de los períodos de mayor crecimiento institucional, bajo la conducción de la doctora Altagracia Guzmán Marcelino—, no puedo guardar silencio ante el escándalo de corrupción que hoy tiñe de ignominia a esta institución.
No se trata de un simple fraude administrativo. Es un crimen contra la dignidad y la vida de más de siete millones de dominicanos.
De hito histórico a botín político
El nacimiento de SENASA, al amparo de la Ley 87-01 de Seguridad Social, representó un hito cargado de promesa. Fue creada para administrar los riesgos de salud y asumir una misión gigantesca: ser la única ARS responsable del Régimen Subsidiado, garantizando el acceso a servicios de salud a los sectores más vulnerables —desempleados, indigentes y excluidos—, además de fungir como aseguradora de confianza para millones de empleados públicos y privados en el Régimen Contributivo.
SENASA no tardó en convertirse en la ARS más grande del país, gestionando más del 68 % de la población afiliada al sistema. Obtuvo certificaciones ISO, el Gran Premio Nacional a la Calidad y, sobre todo, legitimidad social. Su crecimiento no fue solo estadístico: significó que una madre humilde del sur o un maestro del Cibao pudieran acceder a una consulta, un medicamento o una cirugía. Era, en esencia, una esperanza de vida.
Miles de testimonios evidenciaron lo que SENASA representó para los más pobres. La afiliación se promovió apegada a las normativas del Consejo Nacional de la Seguridad Social, y cuando fue necesario modificar el reglamento del Régimen Subsidiado, la entonces directora ejecutiva agotó todos los mecanismos institucionales para lograrlo.
Sin embargo, con la llegada del denominado “Gobierno del Cambio”, todo esto fue desmantelado. Se impulsó una campaña de afiliaciones masivas que, de haber sido transparente y de buena fe, habría merecido aplausos. Hoy sabemos que fue un plan orquestado con premeditación y alevosía.
De pilar social a pozo sin fondo
Esa trayectoria noble ha sido pisoteada y asaltada desde dentro. Los mismos llamados a proteger la institución la devoraron. Fondos destinados a medicamentos, cirugías y atención de niños y envejecientes fueron desviados hacia cuentas personales, mansiones y lujos obscenos. Miles de millones de pesos robados a los enfermos. SENASA, que debía ser un escudo protector, fue convertida en un festín para la carroña.
Recuerdo con orgullo diciembre de 2004, cuando, como gerente de salud, participé en la entrega de los primeros incentivos a médicos de hospitales públicos y recorrimos prestadores privados para apoyar el cobro de reclamaciones del incipiente Régimen Contributivo. Entonces ocupábamos oficinas modestas en la Plaza de la Salud. Hoy, esa institución ejemplar ha sido degradada a un pozo sin fondo.
Un fraude que hiere la salud pública
El descubrimiento de una red, presuntamente encabezada por un exdirector de SENASA e integrada por funcionarios, prestadores y cómplices internos, constituye un acto de terrorismo social. Según el Ministerio Público, el fraude supera los 15 mil millones de pesos, desviados mediante sobornos, estafas, desfalco y lavado de activos.
¿Qué significa este robo?
• Significa retrasos en los pagos a prestadores, afectando la calidad de la atención.
• Significa medicamentos y servicios que no llegaron o llegaron en condiciones deficientes.
• Significa vidas puestas en riesgo por la avaricia de unos pocos.
• Significa que valores como integridad, equidad y trato humano fueron simples consignas vacías.
Es imperdonable ver a imputados —algunos conocidos con quienes trabajé cuando fui funcionario del sistema— llenarse los bolsillos con el dinero de la salud del pueblo. Es una herida abierta en la conciencia nacional. Un verdadero vómito de corrupción.
La comisión: ¿solución o simulacro?
Ante la indignación nacional y las evidencias presentadas en los tribunales, el presidente Luis Abinader ha anunciado la creación de una comisión técnica para reforzar el control, la supervisión y la transparencia en SENASA. Sin cuestionar su buena fe, esta decisión implica un reconocimiento tácito de la ineficiencia de los órganos que, según la Ley 87-01, ya tienen esas funciones.
La pregunta es inevitable: ¿dónde estaban la SISALRIL, el Consejo Nacional de la Seguridad Social y la Cámara de Cuentas? ¿Para qué se pagan funcionarios si permiten que los corruptos actúen con impunidad?
Reconozco el prestigio profesional de quienes integran la comisión y entiendo lo difícil que es decirle no a un presidente en un país de cultura presidencialista. Pero, con todo respeto: el país no necesita otra comisión. Necesita justicia rápida y ejemplar.
La corrupción en SENASA no es una hipótesis administrativa; es una plaga criminal ya expuesta por el Ministerio Público mediante la Operación Cobra. Un fraude de esta magnitud no se resuelve con evaluaciones, sino con cárcel y recuperación de activos. Esta comisión es, en esencia, un gesto político vacío.
Justicia o descrédito institucional
La ciudadanía exige profundización de la investigación, sometimiento de todos los cómplices —con o sin corbata— y la devolución de cada centavo robado. Si este gobierno, que ha prometido una lucha frontal contra la corrupción, no actúa con la celeridad y firmeza que este caso demanda, la indignación derivará en una desconfianza sistémica que sepultará la fe en las instituciones.
Estas líneas buscan expresar indignación, tristeza y vergüenza frente a quienes traicionaron la salud pública, y sumarse al clamor nacional: que se haga justicia. Que el Ministerio Público no se doblegue. Que los jueces actúen sin miedo. Que se recupere hasta el último peso robado.
A los afiliados que han visto negada una cobertura o retrasado un pago: no se rindan. Su salud no es una mercancía, es un derecho.
A los profesionales de la salud honestos: mi respeto y respaldo.
La salud de una nación es sagrada. Quienes han traficado con la enfermedad y la vida del pueblo dominicano merecen la sanción más firme y ejemplar que la ley pueda imponer.
El silencio es complicidad. Y no seremos cómplices.
