La seguridad vial no es solo un tema de tránsito, es una cuestión de salud pública. Con cifras alarmantes de muertes por accidentes de tránsito cada año, urge un enfoque integral que combine legislación efectiva, educación y mejoras estructurales.
La República Dominicana enfrenta un panorama preocupante en materia de seguridad vial. Según datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), solo en 2022 se registraron 2,921 muertes por accidentes de tránsito, con una tasa de mortalidad de 27.5 por cada 100,000 habitantes. Esto coloca al país entre los más afectados a nivel mundial, un ranking lamentable que se mantiene año tras año.
Sin embargo, esta situación no es irreversible. Muchos países han logrado reducir sus cifras de siniestralidad, incluso aquellos con poblaciones y flotas vehiculares mayores que la nuestra. La diferencia radica en la voluntad política, la aplicación efectiva de la ley y la concienciación ciudadana.
¿Qué está pasando?
De acuerdo con el OPSEVI, las provincias con mayor número de fallecimientos por accidentes en 2023 fueron:
• Santo Domingo: 258 muertes
• San Cristóbal: 162 muertes
• La Altagracia: 151 muertes
• La Vega: 133 muertes
• Santiago: 121 muertes
Un dato clave: el 70% de las muertes involucran motociclistas, siendo los jóvenes entre 15 y 35 años el grupo más vulnerable. Además, el consumo de alcohol aparece como un factor recurrente en muchos de estos siniestros.
¿Qué medidas deben tomarse?
La reducción de la siniestralidad vial requiere un plan integral y sostenido, con la participación activa de los sectores público, privado y la comunidad. Proponemos cinco líneas de acción esenciales:
1. Fortalecimiento de la legislación y su aplicación efectiva: No basta con tener leyes; es imprescindible hacerlas cumplir. Endurecer sanciones, especialmente relacionadas con el uso de cascos, cinturones y el consumo de alcohol, es prioritario.
2. Reducción de los límites de velocidad: Ajustar los límites conforme a estándares internacionales y reforzar la vigilancia para garantizar su cumplimiento.
3. Educación vial continua: Desde las escuelas hasta los espacios laborales, es crucial formar ciudadanos responsables y conscientes en las vías.
4. Mejora de la infraestructura vial: Identificar y corregir puntos críticos para garantizar condiciones seguras para todos los usuarios.
5. Fomento del uso obligatorio de equipos de protección: Supervisar rigurosamente el uso de cascos certificados y cinturones de seguridad.
¿Por dónde empezar?
Creemos que el punto de partida debe ser el cumplimiento riguroso de la Ley 63-17 y sus reglamentos. Esto implica sancionar sin contemplaciones y erradicar la cultura de impunidad en las vías, incluyendo el mal ejemplo que dan algunos agentes del orden público.
Simultáneamente, es fundamental implementar un plan nacional de educación vial, involucrando instituciones educativas, empresas y comunidades, acompañado de una inversión constante en infraestructura segura.
Desde un decanato en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UASD, nos comprometemos a impulsar el estudio permanente de esta problemática, contribuir con propuestas basadas en datos y colaborar con las autoridades responsables en la prevención y control de los accidentes de tránsito.
Reducir la siniestralidad vial no solo salvará vidas, también aliviará la presión sobre nuestro sistema de salud y contribuirá a construir una sociedad más segura y respetuosa de la ley.
