Un grupo de organizaciones sociales y sindicales advirtieron este lunes frente al Palacio presidencial, de que el mandatario Danilo Medina y el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, comprometen su responsabilidad penal al patrocinar de facto una denegación del derecho constitucional a la salud de la población, cuando se niegan a realizar pruebas del COVID-19 en los sectores populares con excusas baladíes.
El colectivo de organizaciones además acusaron al Gobierno de limitar en los centros hospitalarios la atención de la población desposeída que acude a afectada con los síntomas del coronavirus.
La Coordinadora por la Defensa de Los Derechos del Pueblo y la Rebaja de los Combustibles, la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC), la Articulación Nacional Campesina (ANC), la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), Mujeres Transportistas, Movimiento Campesino Comunidades Unidas (MCCU), y otras entidades, criticaron que a más de un mes en la República Dominicana se hayan realizado menos de 10 mil pruebas, a un promedio de menos de 200 pruebas al día,
Argumentaron que países con mucha más población y menos capacidad económica que República Dominicana están realizando más de cinco mil pruebas diarias,
Monegro acusó al Gobierno de mantenerse de brazos cruzados, mientras una “catástrofe sanitaria como las que ocurren en Ecuador, Italia, España y Estados Unidos, se nos viene encima, e inmediatamente»afirmó.
La dirigente social y sindicalista se preguntó “¿Cómo es que el Gobierno piensa detener la propagación del virus sin realizar pruebas masivas? ¿dónde están las decenas de miles de kids de pruebas que han donado diversas instituciones? ¿hasta cuándo se va a extender la cuarentena y el toque de queda, si el Estado no identifica los afectados y los aísla realmente?
