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Hospitales Moscoso Puello, Marcelino Vélez, Darío Contreras y Senasa no cumplen transparencia en informaciones públicas

En las recientes evaluaciones sobre transparencia que realizó la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) a las entidades del Estado, se determinó que un total de 21 instituciones no dan cumplimiento a las informaciones mínimas de Libre Acceso a la Información Pública y los criterios que Ética Gubernamental.
Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello. (Foto de archivo).

También el Traumatológico Juan Bosch, la Adess, el Semma se encuentran entre aquellos que no cumplen los requisitos de la Dirección de Etica e Integridad Gubernamental.

En las recientes evaluaciones sobre transparencia que realizó la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) a las entidades del Estado, se determinó que un total de 21 instituciones no dan cumplimiento a las informaciones mínimas de Libre Acceso a la Información Pública y los criterios que Ética Gubernamental.

En el informe se detalla que de acuerdo a las informaciones del sistema de monitoreo de portales de transparencia, que incluye hospitales entre otras entidades descentralizadas y autónomas, estas 21 entidades tienen un porcentaje por debajo de los 70 puntos, siendo un 85 por ciento la cantidad mínima para ser consideradas eficientes.

Dentro de ese listado se encuentran varios centros de salud y entidades al sector sanitario y a seguridad social, entre los que están el hospital Docente Dr. Francisco E. Moscoso Puello con una valoración de 55.26 por ciento.

En las casillas caracterizadas por color rojo también figurala Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) con un 69.47 por ciento y el Ministerio de Agricultura con un 69.25 por ciento.

También está el Hospital Regional Doctor Marcelino Vélez Santana con 66.81 por ciento.

Otras 13 entidades que tienen una valoración desde 73 hasta 79 por ciento son: Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), el Seguro Nacional de Salud (SENASA), Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) y el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM).

Además de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca, el ministerio de la Presidencia, la Comisión Nacional de Energía, la Comisión de Fomento a la Tecnificación Nacional de Riego, Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) y el hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch.

También el Hospital Docente Semma Santo Domingo, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y el hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras.

Luego de las evaluaciones realizadas, la directora de Ética, Milagros Ortiz Bosch, indicó que el cumplimiento de la Ley “no puede seguir dependiendo de la decisión particular de una institución o un incumbente”.

Y destacó en un documento que la DIGEIG solicitará el 30 de junio de este año la suspensión de recursos provenientes del presupuesto nacional a las instituciones que a pesar de la formación y seguimiento ofrecido habrán probado su incapacidad para respetar el derecho del ciudadano a la información.

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