Fundación Seguridad Social para Todos advierte sobre una “hemorragia” de gastos y riesgos para los afiliados.
Santo Domingo. — La expansión de prácticas médicas innecesarias —desde análisis clínicos hasta hospitalizaciones— se ha convertido en una carga millonaria para el sistema de salud dominicano, afectando tanto la sostenibilidad financiera como la seguridad de los pacientes.
Así lo plantea el economista y experto en seguridad social Arismendi Díaz Santana, en un artículo en el que advierte sobre una “estafa silenciosa” que impacta directamente a los afiliados del Sistema Familiar de Salud (SFS).
Una “hemorragia” de procedimientos innecesarios
De acuerdo con datos citados de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre 2019 y 2024 se registraron 395,248 hospitalizaciones evitables, equivalentes al 16% del total, con un costo estimado de RD$12,400 millones.
El fenómeno no es aislado. En la última década, se ha duplicado la cantidad de estudios diagnósticos por afiliado, sin una mejora proporcional en los indicadores de salud, lo que evidencia —según el análisis— un modelo aún centrado en la medicina curativa, en detrimento de la prevención.
Impacto financiero y presión sobre el seguro público
El artículo destaca que solo en 2025 el Seguro Nacional de Salud (SENASA) desembolsó más de RD$2,519 millones por autorizaciones vinculadas a estos procedimientos, siendo el Régimen Subsidiado el más afectado.
Esta tendencia incrementa el gasto de bolsillo de las familias y erosiona el equilibrio financiero del sistema, generando tensiones entre prestadores, aseguradoras y reguladores.
Alertas de la Fundación Seguridad Social para Todos
La Fundación Seguridad Social para Todos advierte que estas prácticas reflejan debilidades estructurales en la administración del riesgo y en los mecanismos de supervisión.
El documento subraya la necesidad de fortalecer la detección de prescripciones excesivas, así como de implementar controles más estrictos que permitan identificar patrones anómalos en la indicación de estudios, medicamentos y procedimientos.
Denuncias de incentivos perversos y conflictos de interés
El análisis recoge denuncias de especialistas como los doctores Pedro Ureña y Fulgencia Severino, quienes alertan sobre la existencia de redes que incentivan procedimientos innecesarios mediante comisiones o referimientos.
Estas prácticas, según se describe, incluyen la derivación de pacientes desde hospitales públicos hacia centros privados para intervenciones como cateterismos, angioplastias y colocación de stents, generando un esquema de lucro que compromete la ética médica.
Además, datos del Plan Decenal de Salud (PLANDES 2030) indican que el 62% de los directores de hospitales públicos también tiene vínculos con clínicas privadas, lo que plantea un potencial conflicto de interés estructural.
Débil supervisión y necesidad de reformas
El artículo señala una insuficiente vigilancia por parte de las autoridades sanitarias, así como fallas en la aplicación de protocolos clínicos y en la protección de los derechos de los pacientes.
En este contexto, Díaz Santana plantea que no basta con combatir el fraude interno en las ARS, sino que es imprescindible intervenir las prácticas irregulares que se originan dentro del propio sistema público.
Hacia una administración del riesgo más robusta
Como conclusión, el autor propone fortalecer la auditoría médica, mejorar la supervisión institucional y establecer sanciones efectivas para frenar estas distorsiones.
Asimismo, plantea la necesidad de revisar el desempeño del recurso humano en el sistema público, con el objetivo de garantizar calidad, oportunidad y eficiencia en los servicios, evitando la mercantilización de la salud y la carga financiera sobre los afiliados.
