El Colegio Médico aún no se ha pronuncia al respecto.
Santo Domingo.– Más de 30 organizaciones sociales, académicas y gremiales, entre ellas entidades vinculadas al sector salud, manifestaron su profunda preocupación por la aprobación de un nuevo Código Penal que, de entrar en vigencia sin modificaciones, criminalizaría a médicos, enfermeras, farmacéuticos y personal sanitario que practiquen o asistan en procedimientos de interrupción del embarazo, aún en contextos donde esté en riesgo la vida de la mujer.
En un manifiesto dirigido al presidente de la República, Luis Abinader, los firmantes denuncian que los artículos 109 al 112 del proyecto legal constituyen una grave amenaza al ejercicio ético y científico de la medicina, al establecer sanciones penales para el personal de salud que brinde atención en casos de aborto, sin contemplar excepciones médicas ni criterios claros para garantizar la seguridad jurídica del personal clínico.
“El proyecto pretende criminalizar a médicos, enfermeras, farmacéuticos, parteras y personal de apoyo con una eximente sujeta a que se agoten ‘todos los medios científicos y técnicos disponibles al momento del hecho’, fórmula que no garantiza certeza ni respaldo legal ante situaciones críticas que enfrentan los profesionales de salud en emergencias obstétricas”, advirtieron las organizaciones.
Entre las entidades firmantes se encuentran Profamilia, el Centro de Estudios de Género del INTEC, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), el Sindicato Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Salud (SINATESA), así como múltiples plataformas feministas, sociales y académicas.
Riesgo para la salud y derechos de las mujeres
Las organizaciones subrayan que la penalización absoluta del aborto —incluso cuando la vida o salud de la mujer esté en peligro, el feto sea inviable o el embarazo provenga de violación— representa una violación directa de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y psicológica, y a la no discriminación.
El documento recuerda que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha cuestionado al Estado dominicano sobre su postura restrictiva frente a los derechos sexuales y reproductivos, y ha urgido a garantizar el acceso seguro y legal a la interrupción del embarazo en las causales médicas, éticas y legales internacionalmente reconocidas.
Curiosamente entre los firmantes no figura el Colegio Médico Dominicano, el cual agrupa a todos los que ejercen la medicina en la República Dominicana.
Llamado al presidente Abinader
Las entidades exhortaron al presidente a observar y devolver al Congreso el proyecto de Código Penal, en su rol constitucional de velar por la protección de los derechos humanos. Consideran que el actual texto representa un retroceso para la democracia, los compromisos internacionales del país y los estándares de salud pública que deben regir el ejercicio médico.
“Un Código Penal que respete los derechos humanos será el mejor legado que usted podrá dejar a la nación, constituyendo un referente para América Latina y el mundo”, indica la carta.
Además de la penalización a los profesionales de la salud, el manifiesto también advierte sobre otros aspectos controversiales del Código, como la prescripción de delitos sexuales, el debilitamiento de la protección contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género, y la ambigüedad en la tipificación del espionaje, que podría usarse contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Organizaciones firmantes destacadas del sector salud y derechos humanos:
• Profamilia
• Centro de Estudios de Género (INTEC)
• Sindicato Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Salud (SINATESA)
• Católicas por el Derecho a Decidir
• Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-MUJER)
• Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM)
• Mujeres en Desarrollo Dominicana (MUDE)
• FLACSO República Dominicana
