La industria farmacéutica, una de las más poderosas del mundo, vuelve a estar en el centro del debate tras una nueva orden ejecutiva firmada por el expresidente y actual candidato Donald J. Trump, cuyo regreso al poder ha traído consigo una agenda de fuerte intervención en el mercado de los medicamentos recetados.
Con esta nueva medida, Trump reafirma su compromiso —ya expresado durante su primera administración— de reducir drásticamente el costo de los medicamentos en Estados Unidos. La orden exige una rebaja mínima del 30 % en el precio de los medicamentos esenciales, tomando como referencia los precios internacionales y eliminando intermediarios financieros que inflan el costo final para los pacientes.
La orden ejecutiva, emitida en mayo de 2025, introduce un paquete de disposiciones dirigidas a las farmacéuticas que operan bajo los programas federales Medicare y Medicaid. Entre las principales medidas se incluyen:
• Aplicación del modelo de “Precio de Nación Más Favorecida”, que obliga a tomar como referencia los precios más bajos pagados por otros países desarrollados.
• Eliminación o limitación del margen de ganancia de los intermediarios conocidos como pharmacy benefit managers (PBM).
• Incentivos para la producción nacional de medicamentos genéricos y esenciales.
• Imposición de sanciones económicas a las compañías que incumplan los nuevos estándares de precios.
Esta política resulta particularmente controversial en un país como Estados Unidos, símbolo del libre mercado y del neoliberalismo, donde tradicionalmente se ha dejado que la oferta y la demanda regulen los precios. Sin embargo, la orden de Trump supone un giro disruptivo que plantea desafíos económicos importantes para las grandes farmacéuticas. Al obligarlas a reducir precios en uno de sus mercados más lucrativos, se anticipa un posible impacto negativo en los ingresos anuales de las compañías.
Entre las consecuencias posibles destacan:
• Disminución de los presupuestos destinados a investigación y desarrollo (I+D).
• Reestructuración de cadenas de suministro y reajuste de estrategias comerciales a nivel global.
• Incremento de litigios y presión de los grupos de lobby farmacéuticos contra el gobierno federal.
No obstante, también podrían surgir efectos positivos: mejoras en la eficiencia operativa, impulso a la innovación en genéricos y fortalecimiento de modelos de negocio más sostenibles.
Un enfoque de salud pública y justicia social
Desde una perspectiva de salud pública, los beneficios de esta medida son tangibles. Una reducción directa del 30 % en los precios tendría efectos positivos inmediatos:
• Mayor acceso a medicamentos esenciales para adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas.
• Disminución del gasto de bolsillo para tratamientos prolongados.
• Mejora de la adherencia terapéutica y mejores resultados clínicos.
• Alivio financiero para los sistemas públicos de salud y los afiliados a Medicare y Medicaid.
Impacto en América Latina y la República Dominicana
Más allá de las fronteras de EE. UU., la orden ejecutiva podría tener repercusiones globales. Si se implementa con éxito, podría establecer nuevos precios de referencia internacionales. Como resultado, las farmacéuticas podrían subir precios en otros países para compensar sus pérdidas en el mercado estadounidense.
En el caso de la República Dominicana, las posibles implicaciones incluyen:
• Aumento en los precios de importación si las farmacéuticas trasladan el impacto a mercados secundarios.
• Necesidad urgente de fortalecer políticas regulatorias y mecanismos de negociación de precios.
• Oportunidad para impulsar la producción nacional de medicamentos y el uso estratégico de genéricos como medida de contención de costos.
En resumen, este cambio en la política de precios estadounidense podría redefinir el equilibrio en la cadena global de valor farmacéutica. Su impacto será directo y profundo en la industria a nivel mundial, pero también puede representar una oportunidad para mejorar el acceso a medicamentos esenciales.
Llamado a la acción local
América Latina, y especialmente la República Dominicana, deben prepararse estratégicamente para enfrentar estos posibles cambios. Es fundamental que las autoridades responsables de la política nacional de medicamentos —junto a la industria local y el sector académico— analicen desde ya los posibles efectos de esta orden ejecutiva.
Propongo la creación de un Observatorio de Políticas Ejecutivas Internacionales en Salud, coordinado por las instituciones de educación superior en alianza con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). Este observatorio permitiría monitorear las implicaciones de decisiones como esta, orientar al gobierno y formular respuestas oportunas para mitigar impactos negativos o aprovechar ventajas comparativas.
Porque la salud de nuestros pueblos también se defiende con conocimiento, estrategia y soberanía.
