Por: Dr. Rafael Montero
Salubrista, investigador, experto en Seguridad Social y Gestión de Proyectos. Docente de la Escuela de Salud Pública, FCS/UASD, y candidato a Decano 26/30.
Durante la más reciente Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), celebrada en Ginebra, los Estados miembros aprobaron un acuerdo internacional destinado a mejorar la preparación, prevención y respuesta ante futuras pandemias. Este tratado, conocido como el Acuerdo Pandémico, surge como respuesta a las deficiencias estructurales y desigualdades evidenciadas durante la crisis global provocada por la COVID-19.
Entre sus disposiciones más destacadas se encuentran:
• La creación de un Sistema de Acceso y Reparto de Beneficios de Patógenos (PABS), que exige compartir información genética y física sobre patógenos.
• La obligación de los países de entregar el 20 % de sus vacunas, diagnósticos y tratamientos a la OMS (10 % como donación y 10 % a precios accesibles).
• El fortalecimiento de los sistemas de salud nacionales e internacionales.
• La promoción de la equidad y la cobertura sanitaria universal.
• La adopción del enfoque integral Una Salud, que articula salud humana, animal y ambiental.
• El compromiso con la cooperación internacional en investigación, vigilancia, financiamiento y comunicación de riesgos.
Aunque este acuerdo no transfiere competencias soberanas a la OMS, sí impone compromisos vinculantes relacionados con la transparencia, la cooperación y el acceso a la información. Esto ha generado un importante debate sobre el equilibrio entre colaboración global y autonomía nacional. Para países como la República Dominicana, el desafío es fortalecer sus capacidades institucionales sin depender exclusivamente de decisiones multilaterales. La soberanía sanitaria puede, de hecho, fortalecerse si el país actúa de manera proactiva dentro del marco del acuerdo.
Esta acción proactiva debe incluir el fortalecimiento de la formación de los profesionales de la salud, especialmente de aquellos que ocupan cargos de decisión política. A diario, observamos cómo se formulan planes y estrategias que luego no se evalúan adecuadamente en cuanto a su impacto ni a los beneficios reales para la salud de la población. Por ello, es imprescindible contar con instituciones de educación superior con una visión clara de su papel frente al bienestar colectivo.
Ante la firma de este tratado que impacta directamente en la soberanía sanitaria, las instituciones de educación superior —en especial las facultades de ciencias de la salud— deben asumir un rol estratégico a través de las siguientes acciones:
• Integrar formación específica en preparación y respuesta ante pandemias.
• Impulsar la investigación interdisciplinaria sobre enfermedades infecciosas y salud pública.
• Fomentar la cooperación internacional académica.
• Educar a la comunidad médica y a la población en estrategias de prevención y control.
• Participar activamente en el diseño de políticas públicas basadas en evidencia científica.
Estas acciones consolidan a la educación superior como pilar fundamental de la seguridad sanitaria nacional.
Sin duda, este Acuerdo Pandémico es una respuesta a las debilidades observadas durante la pandemia de la COVID-19, cuando los países más desarrollados ejercieron control desproporcionado sobre el acceso a las vacunas y otros recursos vitales. Sin embargo, el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Este tratado promete que los países en situaciones pandémicas tendrán mayor acceso a vacunas y tratamientos en contextos de emergencia. Su éxito, sin embargo, dependerá de las capacidades nacionales para responder a emergencias como la vivida durante la reciente pandemia.
En ese contexto, el acuerdo representa una oportunidad histórica para reforzar la cooperación internacional sin socavar la soberanía nacional. Las universidades —y, de forma destacada, las facultades de ciencias de la salud— deben asumir un papel protagónico en su implementación crítica y estratégica. Para la República Dominicana, este tratado debe ser catalizador de mejoras estructurales en salud pública, educación y gobernanza sanitaria.
Esto implica:
• Revisar y actualizar el marco legal sanitario nacional, vigente desde hace más de 20 años.
• Fortalecer las capacidades del Ministerio de Salud Pública.
• Establecer alianzas académicas y científicas regionales.
• Garantizar la transparencia en el manejo de datos y recursos.
• Sensibilizar tanto a la población como al personal de salud sobre los beneficios y límites del acuerdo.
En nuestro país, aún se requiere de relaciones personales para acceder a datos públicos, lo que evidencia una cultura institucional anclada en prácticas autoritarias. Acuerdos como este deben provocar un cambio profundo en estas actitudes.
Confiamos en que en los próximos días veremos al Presidente de la República y a los ministros competentes crear una mesa de trabajo conjunta con las universidades para elaborar un plan nacional de implementación del nuevo Acuerdo Pandémico. Solo así podremos garantizar que los compromisos globales se traduzcan en beneficios reales para la salud del pueblo dominicano, sin sacrificar nuestra soberanía sanitaria.
