Por: Dr. Rafael Montero
Salubrista, investigador y experto en Seguridad Social y Gestión de Proyectos. Docente de la Escuela de Salud Pública, FCS/UASD y candidato a Decano 26/30.
América Latina y el Caribe (ALC) enfrenta una paradoja sanitaria que amenaza su desarrollo sostenible: por un lado, persiste una baja inversión pública en salud per cápita en numerosos países; por otro, se observa una considerable ineficiencia en el uso de los recursos disponibles.
La debilidad estructural de los sistemas, agravada por crisis recientes como la pandemia de COVID-19, ha evidenciado que incrementar el gasto no basta. El camino hacia la Cobertura Universal de Salud (CUS) y la resiliencia sistémica exige transformar cómo se gasta, priorizando la eficiencia, la prevención y el fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud (APS).
Para 2050 se estima que la mayoría de los países de ALC experimentarán tasas de crecimiento del gasto en salud per cápita superiores al crecimiento de sus ingresos nacionales. Un estudio reciente financiado por el BID señala que dicho gasto podría casi triplicarse hacia 2050, con tasas anuales superiores al 3% entre 2030 y 2050.
En República Dominicana, por ejemplo, se proyecta un aumento del gasto corriente en salud per cápita del 447%; en Panamá, del 373%; en Trinidad y Tobago, del 257%; y en Colombia, del 187%.
El crecimiento del gasto en salud es necesario, ya que la región continúa por debajo del promedio de los países de la OCDE (6.9% versus 8.5% del PIB).
Este incremento responde a presiones inevitables: transición demográfica y epidemiológica, aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias que prolongan la vida con mayor calidad.
No obstante, el sector enfrenta redundancias, desperdicios e ineficiencias que devoran recursos que podrían destinarse a generar más y mejor salud. Por ello, es esencial promover estrategias para el uso eficiente de los recursos, especialmente si se considera que:
• El crecimiento económico de la región es bajo en comparación con otras economías emergentes; la deuda pública sigue aumentando (63% del PIB en 2024 frente a 59% en 2019) y la inflación permanece por encima de niveles prepandemia.
• Hasta una quinta parte del gasto en salud se considera desperdicio*.
• Los países suelen evaluar nuevas tecnologías sanitarias (como medicamentos oncológicos o para enfermedades raras), pero muy pocos revisan las tecnologías existentes para determinar si deben seguir financiándose.
El Contraste entre la Contracción Fiscal y el Malgasto
Históricamente, muchos países de ALC han mantenido un gasto público en salud por debajo del umbral recomendado por organismos internacionales. La OPS sugiere destinar al menos el 6% del PIB al gasto público en salud. Sin embargo, esta limitación presupuestaria coexiste con un significativo malgasto o uso ineficiente de los recursos.
Estudios de la OCDE y el BID indican que entre el 20% y el 40% del gasto total en salud en países en desarrollo se desperdicia [2, 3]. Esta ineficiencia se manifiesta en áreas críticas como:
• Servicios clínicos inadecuados: uso excesivo de tecnologías, altas tasas de cesáreas sin justificación médica, prescripción indiscriminada de antibióticos —que contribuye a la resistencia antimicrobiana—, duplicidad de pruebas y procedimientos.
• Costos operacionales elevados: fallas en las compras públicas de medicamentos e insumos, precios superiores a los internacionales y deficiencias en la cadena de suministro que generan caducidad o desabastecimiento.
• Gasto administrativo excesivo: sistemas de información fragmentados y procesos administrativos deficientes que dificultan la rendición de cuentas y la toma de decisiones basadas en evidencia [3].
El impacto es doble: se desvían recursos que podrían beneficiar a la población más vulnerable, y se erosiona la confianza en los sistemas públicos de salud.
La Propuesta: Invertir Mejor para Lograr Más Salud
El desafío en ALC no es solo “gastar más”, sino gastar mejor [2]. La evidencia económica y sanitaria es clara: una reorientación estratégica del gasto puede catalizar mejores resultados con los mismos recursos.
1. Priorizar la inversión en prevención y Atención Primaria (APS)
La inversión en prevención y promoción de la salud es una de las estrategias más costo-efectivas. Una APS fuerte permite detectar y tratar enfermedades en etapas tempranas (cribado, vacunación, control de enfermedades crónicas no transmisibles – ECNT) antes de que requieran intervenciones hospitalarias complejas y costosas.
• Impacto económico: Las ECNT —como diabetes y enfermedades cardiovasculares— imponen una pesada carga económica a la región, tanto por costos de tratamiento como por pérdida de productividad (ausentismo y retiro prematuro).
El Instituto WIFOR estima que la pérdida de productividad por enfermedad resta, en promedio, un 3.5% del PIB a los países latinoamericanos.
2. Eficiencia en el diagnóstico y tratamiento
La clave está en aplicar la Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) para orientar decisiones de cobertura y compra. Esto implica:
• Racionalizar el uso de medicamentos: Implementar políticas de precios de referencia y negociaciones centralizadas, como en Colombia o Ecuador, que han logrado reducciones significativas en los costos.
• Mejorar calidad y seguridad clínica: Evitar procedimientos innecesarios, reducir infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS) y prevenir errores médicos que generan re-hospitalizaciones costosas.
• Fortalecer los sistemas de información: La interoperabilidad permite monitorear el uso de recursos, identificar duplicidades e ineficiencias y asegurar el cumplimiento de guías clínicas basadas en evidencia.
Conclusión: La Eficiencia como Motor de Prosperidad Sanitaria
La dicotomía entre baja inversión y malgasto debe resolverse con un cambio de paradigma: la salud no es un gasto, es una inversión.
Utilizar los recursos de manera eficiente —priorizando la prevención, fortaleciendo la APS y eliminando el despilfarro en los niveles secundario y terciario— permite liberar un importante espacio fiscal interno.
Este capital debe reinvertirse en el fortalecimiento de los sistemas de salud, cerrando la brecha de inversión per cápita y garantizando sostenibilidad financiera. Un sistema más eficiente y orientado a la prevención no solo mejora los indicadores sanitarios (mayor esperanza de vida, menor mortalidad materna e infantil), sino que también impulsa el crecimiento económico, reduce la pobreza y disminuye la desigualdad social.
La eficiencia en el gasto es, por tanto, el primum movens para un futuro saludable y próspero en América Latina y el Caribe.
