Santo Domingo, República Dominicana.-En un esfuerzo conjunto por transformar el sistema de justicia, el Consejo del Poder Judicial (CPJ), el Ministerio Público, el ministerio de Salud Pública (MSP), el Consejo Nacional de Drogas (CND), el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) suscribieron un acuerdo interinstitucional para impulsar un modelo de justicia terapéutica centrado en la rehabilitación y reintegración de personas con consumo problemático de drogas.
El acto estuvo encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, juez Henry Molina, quien destacó que este convenio simboliza un compromiso colectivo con la dignidad humana y la justicia recuperadora, entendida como un mecanismo que “escucha, acompaña y transforma”.
Por su parte, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, resaltó la relevancia del acuerdo para jóvenes en situación de vulnerabilidad que demandan atención en salud mental, así como para un sistema judicial más inclusivo que promueva la reinserción social.
Un modelo innovador con enfoque multidisciplinario
El convenio prevé la intervención de equipos profesionales en salud mental y trabajo social, trabajando en conjunto con tribunales, fiscales y defensores públicos.
Se garantizará el respeto a los derechos humanos de las personas imputadas por delitos menores vinculados al uso problemático de sustancias.
Beneficios esperados
1. Rehabilitación sobre el castigo: se prioriza la atención terapéutica antes que la exclusión social.
2. Prevención de la reincidencia: con acompañamiento profesional focalizado.
3. Reducción de la carga judicial: al ofrecer alternativas de resolución más efectivas.
4. Protección y dignidad para poblaciones vulnerables: especialmente personas afectadas por consumo problemático de drogas.
¿Qué hace esta iniciativa diferente?
Este acuerdo marca la adopción oficial de la justicia terapéutica en el país, que tiene como objetivo ofrecer una respuesta holística para personas cuya situación de vulnerabilidad va más allá del ámbito penal. Al integrar salud mental y servicio social bajo supervisión judicial, se propone una vía transformadora y compasiva de abordar conflictos vinculados al consumo de sustancias .
El plan de implementación contempla:
Establecimiento de protocolos operativos claros.
Formación de equipos multidisciplinarios comprometidos con la reinserción.
Coordinación interinstitucional continua para asegurar resultados sostenibles y medibles.
Este paso representa una apuesta firme por una justicia más humana, eficiente y transformadora en la República Dominicana.
