El mandatario dijo que la investigación que se realizó demostró «la existencia de fuertes indicios de actos graves de corrupción.
El presidente de la República, Luis Abinader, reaccionó este domingo a los sometimientos que realiza el Ministerio Público por el desfalco millonario en el caso del Seguro Familiar de Salud (Senasa) y pidió a la entidad constituirse en actor civil «para recuperar hasta el último peso de lo robado».
Los actos de corrupción lo habrían perpetrado funcionarios que estaban al frente a la entidad, incluyendo su director, Santiago Hazim, quien quedó detenido luego de ser interrogado por más de cuatro horas.
El jefe de Estado dijo que, que tan pronto se dio cuenta de que podía haber irregularidades en el seguro del Estado ordenó una investigación, «porque en este gobierno no hay espacio para la corrupción y la impunidad».
«Por eso, al recibir informaciones que levantaban sospechas de irregularidades en Senasa, ordené una investigación inmediata»
Luis Abinader
Presidente del país
«Se imponga todo el peso de la ley»
«Esa investigación, lamentablemente, confirmó la existencia de fuertes indicios de actos graves de corrupción», acotó en uno de varios post que colocó en su cuenta de X.
También afirmó que los dominicanos pueden tener «plena confianza» de que su gestión «no hay espacio» para los actos de corrupción y tampoco habrá impunidad.
El gobernante externó que espera que la justicia actúe en este caso. «Tengo la firme determinación de que este y cualquier otro acto de corrupción sea llevado a la justicia, y que se imponga todo el peso de la ley a quienes hayan defraudado al Estado».
Hasta el momento por el caso, denominado Operación Cobra, se han detenido ochos personas. Estas son las siguientes:
Santiago Marcelo F. Hazim Albainy
· Gustavo Enrique Messina Cruz
· Germán Rafael Robles Quiñones
· Francisco Iván Minaya Pérez
· Eduardo Read Estrella
· Cinty Acosta Sención
· Ramón Alan Speakler Mateo
· Ada Ledesma Ubiera
Qué sabemos: naturaleza del fraude en Senasa
• El fraude denunciado en Senasa involucraría autorizaciones médicas y facturaciones fraudulentas: se autorizaron miles de procedimientos que nunca se realizaron, pero que fueron facturados y cobrados por prestadores privados.
• Parte del esquema habría operado mediante un “call center paralelo”, manejado por exempleados, que utilizaba datos reales de afiliados sin su consentimiento para generar autorizaciones.
• También se denuncian irregularidades en contratos: pagos fijos mensuales a empresas privadas (como una empresa llamada Khersum SRL) encargadas de supuesta atención médica ambulatoria, sin que se verificara realmente la prestación del servicio.
• A esto se suma un crecimiento de la nómina, decisiones administrativas cuestionables, pagos a proveedores irregulares y atrasos que desestabilizaron la operatividad de la ARS.
• En consecuencia, se acusa que el fraude habría implicado pérdidas millonarias —en un rango estimado por algunos sectores cercano a RD$ 20,000 millones — afectando gravemente los recursos públicos destinados a la salud.
Impacto en el sistema de seguridad social:
• Los recursos públicos destinados a garantizar la cobertura de salud de la población subsidiada habrían sido desviados, lo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de Senasa.
• Muchas familias vulnerables —que dependen de Senasa— podrían quedar desprotegidas si los fondos siguen comprometidos o si la institución colapsa.
• La confianza ciudadana en las ARS públicas se deteriora: el caso pone en evidencia fallos de supervisión, controles internos débiles y corrupción institucional sistemática.
• Prestadores de salud legítimos (clínicas, farmacias, laboratorios) han denunciado mora en los pagos; algunos pequeños proveedores podrían perder su operación, afectando la disponibilidad real de servicios.
En suma: más que un caso administrativo, se trata de un desfalco estructural hacia un sistema —la seguridad social— cuyo fin es proteger a la población más vulnerable.
Cronología del caso: lo que se sabe hasta ahora
2020
El doctor Santiago Hazim es designado director ejecutivo de Senasa.
Entre 2021 y septiembre de 2024
Según la denuncia interna, durante ese periodo se habrían realizado autorizaciones fraudulentas (procedimientos no prestados) y facturaciones falsas a nombre de afiliados.
Noviembre 2024
Hazim, a través de la Consultoría Jurídica de Senasa, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público identificando un esquema de fraude millonario basado en manipulación del sistema de autorizaciones médicas.
13 de septiembre de 2025
El gobierno, a través del titular de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y el nuevo director de Senasa, depositó un informe ante la Procuraduría General de la República (PGR) detallando “graves hallazgos de irregularidades”.
Septiembre–octubre 2025
Comienzan investigaciones oficiales: el Ministerio Público, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y otros entes de control inician auditorías al fondo de Senasa.
30 de septiembre de 2025
La bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denuncia un supuesto desfalco de RD$ 20,000 millones desde 2018 y exige auditorías profundas.
4 de marzo de 2025 (antes del escándalo público masivo)
Un reportaje de prensa advirtió sobre facturación fraudulenta en ARS, incluyendo a Senasa, señalando falta de control y pérdidas millonarias.
6 de diciembre de 2025
El exdirector Hazim acude a la PGR para ser interrogado; junto a él comparece el empresario Eduardo Read Estrella, vinculado a empresa Khersum SRL.
6 de diciembre de 2025
Después de más de 5 horas de interrogatorio, Hazim queda bajo arresto; la PGR dispone presentar medida de coerción en 48 horas.
7 de diciembre de 2025
Se informa que al menos seis personas están bajo arresto en el marco del caso por un presunto fraude que supera los RD$ 12,000 millones. Entre los detenidos figuran Hazim, Read y otro funcionario de Senasa.
Actualidad
Las auditorías (financiera, forense y ordinaria) continúan; la Justicia y los órganos de control buscan establecer responsabilidades administrativas y penales.
Situación actual
• Las detenciones recientes, especialmente la de un exdirector de Senasa, marcan un punto de inflexión: la impunidad parece dejar paso a un proceso judicial serio.
• Las auditorías en curso representan una oportunidad para diagnosticar el daño real, recuperar fondos, y —si hay condenas— sentar un precedente que disuada nuevos actos de corrupción.
• Pero también exponen la fragilidad del sistema: un desfalco de esta magnitud evidencia fallos estructurales —controles débiles, contratación directa sin supervisión, mecanismos permisivos de aprobación de servicios, ausencia de fiscalización efectiva.
• Para los afiliados (muchos de ellos en condiciones de vulnerabilidad), esto podría traducirse en interrupción de servicios, falta de medicamentos, pérdida de confianza.
En consecuencia, el escándalo de Senasa no es solo judicial: es una crisis de legitimidad del sistema público de salud que exige reformas profundas, transparencia, y mecanismos de control independientes y permanentes.
